Nuestro compromiso:

Misión

• Brindar un servicio profesional personalizado bajo la mirada de trato digno a cada una de las personas que soliciten nuestras asesorías
• Ofrecer servicios que garanticen la defensa de los derechos humanos diferenciados
• Desarrollar litigios que promuevan la perspectiva de género
• Gestionar la mayor justicia posible para cada una de las personas a quienes brindemos nuestros servicios
• Promover la cultura de paz a través de la cultura de legalidad y de la participación ciudadana

Visión

• Posicionarnos como especialistas en Derecho en los distintos sectores de la ZMG, tanto con la sociedad civil organizada como con la no organizada, así como también con el sector privado
• Ser el bufete a nivel estatal que brinde un servicio profesional con la perspectiva  de la defensa y promoción de los derechos humanos
• Situarnos como el bufete que brinda asesoría y gestión jurídica estratégica cuyos litigios sienten precedente a nivel nacional en la defensa de los derechos humanos 

Valores 

• Ética profesional
• Empatía
• Compromiso social
• Calidad
• Calidez

¿Por qué solicitar los servicios de una persona profesionista de la Abogacía?

Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos cuando tenemos un problema legal, es el  no consultar a tiempo a una persona profesionista del Derecho: a alguien que ejerce profesión de la Abogacía. 

Normalmente tendemos a consultar a quienes han pasado por situaciones semejantes o quienes consideramos que pueden tener los conocimientos para orientarnos, por lo que confiamos en situaciones ajenas y en distintos contextos a la propia, y, bajo un sentido a veces de confianza de que no nos ocurrirá algo malo, no consideramos las consecuencias legales que pudiesen suscitarse por no haber actuado a tiempo y no haber considerado la asesoría de una persona profesionista acreditada en el ejercicio de la Abogacía.

Una máxima en Derecho es: "El desconocimiento de la ley, no exime de la responsabilidad", es decir: el hecho que alguien no tenga los conocimientos respecto a las obligaciones establecidas dentro del catálogo normativo que tenemos en nuestro País, no significa que la autoridad deberá excusar las consecuencias de derecho que se generen y en las que haya incurrido o haya provocado directa o indirectamente, por lo que habrá consecuencias respecto a aquellas acciones que violenten las garantías de otras personas, así no se tenga conciencia de ello ni de las consecuencias jurídicas que se pueden tener y/u ocasionar por dicho desconocimiento. 

Un ejemplo claro es: si una persona priva de la vida a otra jugando con un arma, y dice que no sabía que su acción tendría consecuencias jurídicas por no haber actuado con intencionalidad, ello no le excusa de que deba pagar la pena por su acto.

Dicho lo anterior, debemos considerar la necesidad de que, en caso de considerar que existe un problema legal que tengamos o que hayamos ocasionado directa o indirectamente, debemos consultar a la brevedad posible a una persona profesional de la materia, ya que, de no hacerlo, podríamos incurrir en faltas más graves, y, por consecuencia, tener problemas cada vez más complejos por alguna situación que pudo haberse remediado con una asesoría y gestión jurídica.

Por ello, es necesario contar con una asesoría adecuada: que sea personalizada y entienda el contexto particular de su caso, por lo que nuestros servicios profesionales le ofrecen y le garantizan una asesoría integral: exponiendo claramente una orientación que le permita conocer la situación específica de su caso, las consecuencias jurídiaca a favor o en contra, una estrategia concreta para resolverlo, y una opción de atención y seguimiento que le brinde la confianza que estamos permanentemente en su caso.

Quiénes somos

Somos un grupo de especialistas en Derecho, con dedicación y enfocándonos a desarrollar un litigio estratégico con enfoque de derechos humanos, bajo la perspectiva de derechos diferenciados y con perspectiva de género.

Por ello, nos dedicamos a realizar un trabajo profesional apegado a derecho, desarrollando y robusteciendo la elaboración de demandas, denuncias y quejas, bajo los preceptos establecidos en el Artículo 1 de nuestra Carta Magna: 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en términos que establezca la ley.


Nuestros litigios no sólo buscan alcanzar la justicia para quienes damos un servicio personalizado, sino, sobretodo, en cada servicio promovemos la cultura de legalidad, a través de la promoción y defensa de los derechos humanos, para incidir en la creación de una sociedad más justa, equitativa, así como para generar y fortalecer activamente una permanente cultura de paz en nuestro entorno.